Las elecciones de octubre de 2004 otorgaron un respaldo de mayoría absoluta al Frente Amplio y, por lo tanto, a su candidato a Presidente Dr. Tabaré Vázquez, electo por el período 2005 - 2010.17 senadores y 52 diputados integran la bancada gubernista.Dicha mayoría permite al gobierno del Dr. Vázquez aprobar las leyes que desee, en el plazo más corto, tal como ocurrió en contadas ocasiones. Solamente para otorgar venias necesita de mayorías de las que no dispone.

1) LA INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO
El Dr. Vázquez integró el gabinete ministerial con personas de su confianza y de su fuerza política
Consultado respecto de esa integración, el Partido Nacional entendió que dada la mayoría parlamentaria señalada, no correspondía participar en el Poder Ejecutivo.
En cuanto a los controles que se prevén por la minoría en los directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Estado, el Poder Ejecutivo retaceó la presencia efectiva de la oposición, necesaria para una eficaz labor de vigilancia y contralor, por lo cual el Partido Nacional resolvió no participar en una función meramente testimonial. A la vez, dichos organismos continúan parcialmente integrados, que no es lo que reclama la Constitución.

2)EL EJERCICIO DEL GOBIERNO
Por su parte el Presidente de la Republica optó - legítimamente - por un estilo de conducción del gobierno lejano y prescindente del acontecer cotidiano. Ha optado por el rol de "Jefe de Estado" y no por el de "Jefe de Gobierno".
En un análisis general, un año más tarde, surge desde la opinión pública la convicción de que el Frente Amplio fue meramente una coalición electoral, cuya meta era ganar las elecciones a cualquier costo, sin mayor preocupación por la coherencia en el ejercicio del gobierno.
Prueba de ello son las sucesivas discusiones de esta Administración sobre el rumbo a seguir en materia económica, laboral e internacional. El país fue testigo de duros enfrentamientos en el seno del gabinete que devienen de concepciones diametralmente opuestas y demuestran, con nitidez, la falta de coherencia y claridad de metas que tiene este gobierno.

Muy especialmente ello resalta en la conducción de la política laboral, en las leyes y decretos que se han impulsado y la dominante influencia que en el gobierno actual tienen las organizaciones sindicales. Esta actitud choca con los llamados a la "inversión" que reiteradamente realiza el Ministro de Economía, en la certeza, que compartimos, de que ése es el camino. Señales contradictorias que generan incertidumbre y, como consecuencia, no mejoran la situación del empleo en el país, que es la principal preocupación ciudadana.

3) ANALISIS PARTICULAR:
Algunos temas referidos a carteras ministeriales específicas, merecen un análisis particular.
El Uruguay vive una crisis de seguridad y desconfianza sin precedentes, sentida en carne propia por todos los niveles sociales y en todos los puntos del país.

La gestión del Ministerio del Interior merece al respecto graves críticas.

El titular de la cartera, muchas veces inexplicablemente ausente en uso de "licencia", no trasmitió ni a sus subalternos ni a la sociedad una sensación de convencimiento sincero en la tarea de custodia del orden como supuesto del ejercicio de la libertad y la vigencia del Estado de Derecho.

La máxima preocupación del citado jerarca fue el destino y situación de los presos comunes, tema sin lugar a dudas importante por razones humanitarias y de sensibilidad social que todos compartimos.

Pero no estamos de acuerdo en que éste sea el de mayor énfasis en una gestión, mientras se retacea el apoyo a la gestión policial y se teme al ejercicio pleno de la autoridad legal disponible, que toda la población considera - con claridad y exactitud - como la razón de ser del Ministerio del Interior.

Resulta peculiar que sectores filosóficamente partidarios del estatismo, debiliten la acción de la autoridad justamente en un ámbito en que no hay divergencias en cuanto a la necesidad de la presencia efectiva de la fuerza pública. La sociedad entera lo reclama. Alentada por ese clima, la delincuencia ha avanzado con aumento de los delitos contra las personas y la propiedad, en todo el país.

El Ministerio de Trabajo no ha contribuido a mejorar esa perspectiva con su actuación. Esta secretaría de Estado ha actuado en forma sesgada y parcial dentro de sus competencias que consisten, precisamente, en una efectiva protección de todos los trabajadores.

Incumpliendo su deber, ha alentado ocupaciones de lugares de trabajo, generándose con ello situaciones de violencia que envían señales negativas hacia los posibles inversores, nacionales y extranjeros, única fuente posible para la creación de empelo genuino.

La derogación del decreto relativo a las "ocupaciones", incitó las mismas. Durante los episodios generados, el Ministerio de

Trabajo no defendió a la totalidad de operarios, solo amparó a los que estaban sindicalizados, desconociendo los derechos del trabajador a su libertad de elección y su derecho al trabajo. En algún episodio, a la fuerza pública se la hizo jugar un triste papel.

Dentro de un mismo plano crítico cabe señalar el episodio de la ocupación de campos en Bella Unión. La inoperancia voluntaria de la autoridad y el no usar las facultades legales que se poseen junto con el aliento dado a los ocupantes por los sectores radicales del F. A., son un mal presagio. Por otra parte, nada ha hecho el Instituto de Colonización para conseguir - legalmente - tierras para los que desean trabajar como colonos.

En materia internacional, el país vive una circunstancia grave, tal cual es la crisis con la República Argentina. Todos los sectores apoyan al gobierno nacional en sus actitudes en defensa del interés nacional, pero la gestión del Ministro de RREE al frente de su cartera ha sido lamentable.

Pocas veces la titularidad de la Cancillería ha estado en manos de un ciudadano tan poco capacitado para dicha función. Su sustitución, cuanto antes concretada, será un avance en la estrategia internacional del Uruguay.

Resulta ilustrativo comentar algunos conceptos contenidos en la Memoria Anual de dicho Ministerio, presentada al Parlamento.

Increíblemente un jerarca que ha impuesto mediante ley la creación de diez cargos de embajador para que puedan representar "ideológicamente" al Uruguay, se queja en ese documento de que antes de su gestión no había "certeza jurídica" en materia de destinos, en los que no ha vacilado en nombrar ciudadanos de muy diversas calificaciones.

Como logro de la política exterior se menciona "el nombramiento del Sr. Pita como embajador en Chile"... Y como gestión de ahorro... "que se ha dispuesto que uno de los ascensores de la Cancillería sea detenido a partir de las 18 horas". Parece mentira, pero es cierto, esto es lo que leerán las cancillerías de todo el mundo.

Respecto del MERCOSUR el actual gobierno se equivoca al continuar acrecentado el énfasis - carente de base jurídica - en una visión "política" de la organización regional.

No se ha preocupado de hacer funcionar correctamente los mecanismos institucionales vigentes para logra resultados favorables en los diferendos comerciales con los vecinos, pero sí ha insistido en la creación de un "Parlamento" del MERCOSUR, acompañado por la invención de la categoría de "socio político" de la organización de integración.

Es por ello que la crisis con la República Argentina encuentra al gobierno del FA en una curiosa situación. Proclamó su "afinidad ideológica" con los gobiernos de Brasil y Argentina y recibió - en la campaña electoral - un irrespetuoso apoyo, mediante intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Tanto el Brasil como la Argentina - como era previsible - continuaron con sus políticas de defensa de sus intereses y nuestro país vio y toleró una bilateralidad entre esos países que se apoderan así del MERCOSUR y lo moldearon a su gusto y paladar.

No se ha convocado al Consejo del MERCOSUR para que la Argentina explique sus violaciones al Tratado de Asunción, como corresponde. El conflicto con la Argentina es bilateral, nada tienen que hacer en el mismo quienes no sean los socios del MERCOSUR.

En el enfrentamiento con la Argentina el gobierno ha recibido un amplio apoyo. No se debe confundir el mismo con una coincidencia total en cuanto a los procedimientos llevados a cabo en esta instancia, ni por supuesto, con un juicio favorable a la gestión general de gobierno.

Se ha elogiado la conducción económica del Cr. Astori. Cabe señalar que la misma es la que han seguido, para beneficio de todo el país, los distintos gobiernos anteriores. Que no se puede gastar mas de lo que se recibe y que conviene estar en buenas relaciones con los organismos internacionales de crédito, son verdades evidentes para toda persona sensata.

Resulta gratificante que el FA, que desde la oposición intentó destruir durante veinte años las políticas económicas, hoy las justifique - tardíamente - por la circunstancia de que son suyas las responsabilidades de gobierno.

Merece una severa crítica el manejo del tema energético. En el aspecto eléctrico se ha alentado una inversión millonaria en dólares para una planta de generación provisoria que brindará energía más cara. El gobierno no se ha decidido a planificar y fomentar fuentes de energía alternativas. Sin explicación clara, el país ve frustrarse la generación de energía de base que se requiere. Seguimos dependiendo de nuestros vecinos en esta materia.

El denominado "gas oil productivo" es emblemático de la mentalidad burocrática y alejada de la realidad que impulsa a muchos de los actuales gobernantes. Los Ministros Astori y Lepra promueven el aumento - muy grande - del precio del gas oil, a cambio de que algunos puedan probar que lo consumieron en actividades "productivas" y reciban meses después una rebaja de impuestos. Nadie explica cuanto incidirá en el nivel de precios esta impresionante suba, ni cuanto reflejará en la inflación, y por lo tanto en el aumento de las jubilaciones y sueldos, en la Unidad Indexada y por lo tanto en la deuda publica contraídas en esa moneda.

El proyectado impuesto a la renta de las personas físicas es el disfraz de un brutal golpe tributario contra los ingresos de la clase media. No es un Impuesto a la renta, sino un impuesto a los ingresos. Otro IRP que golpeará a los sectores medios de la economía.

Si a ello se agrega que el proyectado Seguro de Salud se financiará con contribuciones proporcionales a los ingresos, se verá que el futuro de las familias uruguayas es preocupante.

En cuanto a políticas sociales nadie puede dudar que nuestro país ha edificado durante décadas una red de solidaridad muy completa. Seguramente que perfectible, pero completa. El BPS, las asignaciones familiares, el Instituto de
Alimentación, los centros CAIF y la Intendencias han llevado a cabo un a labor solidaria eficaz.

No piensa así la titular del Ministerio de Desarrollo Social quien, fiel a su concepción marxista de la vida y de la historia, considera que nada anterior a su gestión es válido, que hay que comenzar de cero.

A partir de esa actitud, se ha intentado construir - sin aprovechar lo existente - un sistema de ayuda a quienes más la necesitan que no ha cumplido cabalmente con sus fines. Y que, cuando termine el año que viene y con ello el Programa, dará lugar a una grave crisis porque las políticas de empleo no han sido eficaces y no han generado los puestos de trabajo necesarios para dar ocupación a quien la requiere.

Capitulo aparte merece la gestión del INAU y la desgraciada actuación que le cupo a la Ministra Arismendi en los notorios episodios de la Colonia Berro. Mas allá de las eventuales responsabilidades penales y políticas que pueden concretarse, el menosprecio a la autoridad y la actitud de creerse en posesión de todo el poder que demostró la jerarca, son peligrosos indicios de una concepción totalitaria del poder que debe preocupar.

El proyectado Seguro de Salud parece ir perdiendo favor dentro del equipo de gobierno. Bueno sería que así fuera, pues su concreción implicaría otro golpe impositivo sobre la población. Más realista y práctico parecería intentar mejorar el actual sistema mutual y publico de atención a la salud.

Desde la asunción de las autoridades del CODICEN, estos jerarcas se han caracterizado por un enfoque sectario e ideologizado de su delicada labor.

La prueba más palmaria de esta afirmación es la decisión del Gobierno de redactar una "historia oficial" sobre el pasado reciente, con un muy probable análisis caprichoso y sesgado, sin controles elementales por parte de los organismos de dirección de la Enseñanza.

La pretendida meta de llegar al 4,5% de inversión en educación, establecida en el Presupuesto, mas parece una mención para satisfacer la preocupación del Presidente Vázquez que una posibilidad real. El logro de esta meta esta tan condicionado en la propia ley presupuestal, que solo es un éxito en el papel.

Lo mismo puede decirse de la falsa cifra de inversiones en el MTOP, desmentida en otro artículo presupuestal que las reduce grandemente, estableciendo un tope para su ejecución. El país por primera vez en su historia no sabe luego de sancionado el Presupuesto Nacional que obras se van a hacer en el quinquenio.

El tan mencionado y pregonado "país productivo" aun aguarda un planteo serio. No figuró en el presupuesto. Nuevamente vemos titulares y anuncios que luego no se plasman en la realidad.

Se habla del "país productivo" pero nada se hace a favor de el. Solo anuncios de tanto en tanto, mientras hemos perdido un año de trabajo.

En resumen, un gobierno dotado de todos los poderes jurídicos y políticos que no sabe o no quiere hacer una obra profunda, rápida y oportuna.

Una administración que no vacila en pregonar como buenas las cosas que antes denostaba.

Entre tanto, a un año de ejercicio del poder por el Frente Amplio, el anunciado festejo aun debe esperar.


Montevideo, 1 de marzo de 2006